Un total de 1,500 reos comunes saldrán de las prisiones de Nicaragua el próximo 19 de abril gracias al llamado “perdón presidencial”. Es un mecanismo de excarcelación anticipada que aplica el gobierno de forma discrecional y que el Ministerio del Interior justifica bajo la figura de “régimen de convivencia familiar”.

El anuncio de la liberación inconsulta de reos fue anunciada por la vicepresidenta Rosario Murillo. “Estarán de vuelta a la familia y a los hogares 1,500 nicaragüenses entre Tipitapa, Matagalpa, Granada, Juigalpa, Estelí, León, Chinandega y Bluefields, que reciben el beneficio de convivencia familiar”.

Según la funcionaria, el beneficio otorgado a este grupo de reos es una oportunidad para “recuperar sus vidas, trabajar para el bien, trabajar en grandes, trabajar para el progreso de sus familias”.

No obstante, organismos defensores de los derechos humanos cuestionan la falta de cumplimiento de la ley que establece parámetros claros para el otorgamiento de dicha concesión. Cumplimiento de la condena establecida, por buen comportamiento dentro del sistema penitenciario o en caso de que demuestre alguna enfermedad crónica o en fase terminal, según la Ley 473, Ley del régimen penitenciario y ejecución de la pena y la Ley 745, Ley de ejecución, beneficios y control jurisdiccional de la sanción penal.

Reos con incumplimiento de condenas

La Ley 473 también es clara en señalar que es la Asamblea Nacional la que tiene la potestad para otorgar indultos o amnistías. En esos casos se debe presentar el decreto legislativo o ley al director del centro penitenciario por medio del cual se otorga la reinserción a la sociedad, algo que no se cumple.

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Organismos defensores señalan que las salidas masivas sin cumplimiento de pena constituyen un peligroso mensaje de impunidad porque las propias autoridades facilitan el retorno a la libertad de personas responsables de todo tipo de delitos, desde robos hasta crímenes. A ello se suma, el alto riesgo de reincidencia, incrementando los niveles de inseguridad ciudadana.

Entre 2014 y 2023 el gobierno facilitó la excarcelación a 46,170 reos con sentencia firme.