La ley N° 603 que prohíbe el aborto terapéutico, derogación del Artículo 165 del Código Penal, pone en riesgo la vida de las mujeres. El aborto terapéutico es la interrupción del embarazo que se realiza por razones médicas, es decir, en caso de que suponga en riesgo la vida de la madre, pero desde hace más de 14 años se ha negado en Nicaragua.
El 28 de septiembre día por la despenalización y legalización del aborto en América Latina y el Caribe sigue vigente y presente en medio de un contexto desigual adverso para las mujeres niñas y adolescentes y frente al colapso de sistemas de salud que no priorizan los derechos sexuales y derechos reproductivos mucho menos el aborto legal y como un asunto de salud pública de democracia y de derechos humanos. Aun así, el movimiento amplio de América latina sigue exigiendo estos derechos.
Para Maryce Mejía, de la Red de Mujeres Conta la Violencia, la ley que prohíbe el aborto en Nicaragua, pone en peligro la vida de las mujeres, esto inclusive ha provocado que el procedimiento del aborto terapéutico se practique de forma clandestina.
En el mundo solo 12 millones de mujeres tienen la oportunidad de realizarse un aborto con todas las condiciones mientras que hay 298 millones de mujeres que no tienen esta oportunidad. En Nicaragua son 2000 niñas y adolescentes que son obligadas a parir producto de violación y un sin número de mujeres con secuelas graves, emocionales y físicas por abortar en la clandestinidad, asegura Mejía.
El 26 de octubre de 2006 en Nicaragua fue aprobada la ley 603 de derogación del derecho al aborto terapéutico, el cual estaba permitido desde 1837.
El aborto terapéutico es reconocido a nivel internacional como servicio de salud necesario. Por eso para los organismos de derechos humanos la negación de este servicio de salud constituye una violación de la vida de las mujeres y de su integridad física y psicológica.
Martha María Blandón, experta en salud sexual y reproductiva, menciona que había una ley que permitía el aborto en ciertas circunstancias por causales, sin embargo, vale la pena decir que el acceso era limitado que no es que todas las mujeres que lo necesitaban y ameritaban podían acceder.
Es por eso asegura Baldón que “esta ley es injusta por que castiga a quienes están en situaciones más complicadas en la sociedad”.
El 2009 Nicaragua recibió mensajes de profunda preocupación por parte de los organismos internacionales de la ONU, donde aconsejaba que se modificase la legislación en conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Nicaragua es estado parte. Esta ley pro vida, que prohíbe el aborto en Nicaragua, no tiene peros que valga, aunque corra riesgo la vida de la mujer o una pequeña abusada sexualmente.
La pena de cárcel
Mejía señala que los movimientos femeninos siguen exigiendo la despenalización del aborto y que se respeten los derechos de las mujeres de decidir.
Según el Código Penal de Nicaragua establece hasta dos años de prisión a las mujeres que interrumpan de forma voluntaria su embarazo, prisión para ´profesionales de la salud que practiquen el aborto y cierre o inhabilitación de clínicas que practiquen el aborto. Pero tampoco hay políticas públicas de prevención de salud específicas para mujeres y niñas para que las mujeres puedan decidir.
Especialistas de la salud que practiquen un aborto pueden ser condenados hasta con seis años de prisión.
