San José, 17 de mayo de 2019. El 16 de mayo, en el Centro Penitenciario de Tipitapa popularmente conocido como La Modelo, un ataque armado de parte de las fuerzas de orden nicaragüenses causó la muerte de al menos una persona, identificada como Eddy Antonio Montes Praslin. El hombre de 57 años se encontraba privado de libertad de manera arbitraria, en el contexto de la crisis democrática que se desató en Nicaragua el 18 de abril de 2018.
Asimismo, se reportaron una serie de personas heridas por impacto de bala de distintos niveles de gravedad, producto del ataque, que se dio al interior de la Galería 16 del centro penitenciario. En ella se encuentran muchas de las personas que han sido encarceladas sin ningún tipo de garantías, en respuesta a su participación como opositoras al régimen de Ortega.
Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), condenamos estos hechos, que se enmarcan en un contexto represivo, en contra de personas que ya se encuentran en una situación de profunda vulnerabilidad. Exhortamos al Estado que, desde ya, transparente la información respecto de las personas heridas e investigue cuanto antes las responsabilidades materiales e intelectuales de este operativo de muerte.
Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 18 de abril del presente año, al menos 700 personas se encuentran sometidas a procesos penales, muchas de las cuales aún permanecen privadas de libertad por su participación en actos de reivindicación democrática y protesta contra las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno.
Incluso, el pasado 15 de mayo la CIDH elevó sus medidas de protección por 17 personas privadas de libertad de manera arbitraria hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante la gravedad de la situación que enfrentan, a más de 8 meses de ser puestas en prisión sin acceso a un debido proceso. Esto, debido a la que “se encuentran en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables”, mientras el Estado expone ante foros internacionales, como el último Examen Periódico Universal (EPU), que Nicaragua goza de una democracia plena.
Durante el EPU, decenas de Estados recomendaron al régimen de Daniel Ortega el respeto de los derechos humanos, garantías a la libertad de expresión, el cese la represión a las protestas ciudadanas y la liberación de todos y todas las presas políticas.
Desde CEJIL exigimos nuevamente al gobierno de Nicaragua el cese de la represión y la liberación de todos y todas las presas políticas, así como la cancelación de todos los cargos en su contra. Como organización de derechos humanos, nos plegamos a estas demandas y esperamos que, cuanto antes, el Estado dé una respuesta que permita dar una salida democrática a la crisis que ya se extiende desde hace más de un año.
Por último, enviamos toda nuestra solidaridad a las personas que siguen privadas de libertad, a sus familiares; así como a quienes siguen buscando justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado nicaragüense.
