Según la información recibida por el Comité contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), el 97% de las torturas denunciadas en Nicaragua se produjeron en centros de detención policiales, donde las personas arrestadas fueron arbitrariamente privadas de libertad sin que se formulara previamente una acusación ni se celebrase un juicio con las garantías procesales correspondientes.
Organismo de derechos humanos señalan que hay una “flagrante violación” de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Personas Reclusas (Reglas Nelson Mandela) y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) en estos centros.
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El Comité contra la Tortura, convocó al Estado de Nicaragua a una revisión en el marco de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, el pasado jueves 14 de julio.
La delegación del gobierno no asistió y, a través de una carta, el canciller Denis Moncada, calificó el examen como una “nueva provocación” y aseguró que el CAT no tiene “legitimidad alguna para cuestionar” sus informes “ni transgredir” sus leyes, constitución y normas.
Dada la ausencia del Estado y que “Nicaragua se encuentra en un punto crítico de su historia, que afecta evidentemente la vigencia de los derechos humanos de su población”, el Presidente del Comité, Claude Heller comunicó que el grupo de personas expertas realizarían el examen basándose en la información proporcionada por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), sus informes anuales, la resolución 49/3 adoptada por el Consejo de Derechos Humanos el 31 de marzo de 2022, la más reciente actualización oral sobre la situación en Nicaragua (16 de junio, 2022), y lo presentado por las organizaciones de la sociedad civil.
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Desde abril del año 2018, Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis sociopolítica y de derechos humanos. El uso indiscriminado de la fuerza por parte de grupos estatales y parapoliciales durante las manifestaciones pacíficas ha resultado en al menos 355 víctimas fatales, más de 1.600 personas heridas y, hasta mayo de 2020, 1.614 fueron detenidas arbitrariamente.
Tras la liberación de varias personas detenidas por motivos políticos en 2019, se documentaron casos de torturas en el marco de la custodia estatal. Actualmente, más de 190 personas se encuentran privadas de libertad por motivos políticos, y existen denuncias de casos de torturas en centros estatales y clandestinos.
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