El hecho de que el Gobierno de Nicaragua no reconozca la responsabilidad del Estado en las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas desde que estallaron las protestas sociales hace casi tres años, ha perpetuado la impunidad y fomentado la repetición de dichas violaciones, afirma el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentado por la Alta Comisionada, Michelle Bachelet, al Consejo de Derechos Humanos este 25 de febrero.
El informe que presentó Bachelet, abarca el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, expone “las constantes, ilegítimas y graves restricciones a sus derechos y libertades a las que se enfrentan las y los nicaragüenses al tratar de expresar sus opiniones políticas y defender los derechos humanos”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha documentado 83 casos de persecución, acoso y amenazas, incluidas represalias contra personas que cooperaron con la ONU, incluyendo el acoso al periodismo nacional independiente.
Las y los periodistas y medios de comunicación también siguieron siendo blanco de estas acciones. La Oficina registró 34 casos de intimidación, amenazas y campañas de desprestigio, así como casos en los que se allanaron oficinas de medios de comunicación, se destruyeron sus equipos y se les impusieron sanciones administrativas por su labor periodística” se lee en la misiva.
Según la sociedad civil, al 7 de diciembre de 2020, al menos 110 personas que habían participado en protestas o colaborado con grupos de la oposición se encontraban detenidas arbitrariamente, entre ellas 13 que permanecen detenidas desde 2018. El informe detalla que algunas de las personas detenidas habrían sido presuntamente sometidas a torturas o malos tratos.
Hago un llamado al Gobierno para que libere a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad en el contexto de las protestas o por expresar opiniones disidentes”, ha dicho la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Entre otras preocupaciones destacadas en el informe está la aprobación del combo de leyes, “que podrían tener importantes ramificaciones negativas para las libertades de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de participación política, especialmente de cara a las próximas elecciones”. Igualmente, preocupante es la reforma de la Constitución para sancionar con cadena perpetua los denominados “delitos de odio”, así como la reciente reforma del Código de Procedimiento Penal que retrasa hasta 90 días la revisión judicial efectiva de una detención, señala el informe.
“lamento que las autoridades no hayan aceptado nuestras reiteradas ofertas de acceso al país y de asistencia técnica para mejorar la situación de los derechos humanos en el país”, dijo Bachelet.
La Alta Comisionada de las naciones Unidad, le sugiere al Gobierno Ortega Murillo “adoptar urgentemente reformas electorales efectivas y establecer un diálogo genuino e inclusivo con todos los sectores de la sociedad, para allanar el camino hacia unas elecciones creíbles, transparentes y pacíficas el próximo 7 de noviembre, recuperar la confianza ciudadana y garantizar que nadie quede atrás”.
