Uno de los delitos ambientales más comunes en Nicaragua es la deforestación y aunque existe un marco jurídico que garantiza la protección de la naturaleza, cada año organizaciones ligadas al ambiente afirman que se pierden miles de hectáreas de bosques debido al uso indiscriminado de los recursos.

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Por ejemplo un estudio elaborado entre enero y agosto 2021, por el Centro Humbolt, se registrarón unas 7,483 alertas de deforestación a través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, en la zona conocida como Mongabay Latam, en la Reserva Natural del Rio San Juan. La pérdida está concentrada sobre todo en la zona Noreste de esta área protegida.

El ingeniero agrónomo Luis Napoleón Sequeira Hernández, quien fue encargado durante muchos años de la Unidad Ambiental de la Alcaldia de Camoapa, considera que hace falta una educación ambiental adecuada, que permita sensibilizar sobre el daño que provoca el despale.

Sequeira comentó que Nicaragua cuenta con un marco jurídico que permite a las autoridades competentes procesar y enjuiciar a las personas que cometen delitos ambientales.

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En Camoapa la situación es grave

No nos vayamos tan largo, miremos Camoapa, cuantas hectáreas de suelo se han quemado por el avance de la frontera agrícola, no hay ninguna persona procesada, hay que implementar las leyes”, enfatizo el ambientalista.

Otro estudio realizado por el Centro Humboldt, entre el 2011 y el 2018 indica que se perdieron 1.4 millones de hectáreas de bosque en el país, a una tasa aproximada de 175 mil hectáreas por año. Esto ocurrió producto del cambio de uso del suelo para actividades agrícolas y ganadería, principalmente.

En Nicaragua, según el compendio de leyes publicado por el Ministerio de Fomento y comercio en 2013, el país cuenta con unas quince normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente, de las cuales diez hablan sobre los delitos ambientales.

En el Día Internacional de la Madre Tierra la Organización de Naciones Unidas ONU, en un comunicado afirma que necesitamos a nivel mundial un cambio hacia una economía más sostenible que funcione tanto para las personas como para el planeta.

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Una especialista que pidió se omitiera su nombre por razones de seguridad, afirma que el pais cuenta con suficientes instrumentos juridicos para garantizar una proteccion adecuada del ambiente desde la promoción de una relación amigable entre este y las personas. La especialista, cuya experiencia se ha enfocado en el desarrollo local, asegura que el problema radica en la falta de voluntad politica para cumplir con la ley y lamentablemente son otros afanes los que ocupan la agenda pública.