La documentación de todos los hechos ocurridos en abril 2018 es uno de los pasos más importantes para alcanzar la justicia en Nicaragua, señaló el Instituto Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).

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Raza e igualdad conversó con Alexandra Salazar, Coordinadora  de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), quien trabaja en los procesos judiciales que se realizan a personas presas políticas en Nicaragua y Wendy Flores, coordinadora del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, sobre el trabajo de acompañamiento a las víctimas de la represión en Nicaragua en su búsqueda de justicia, los procesos que se han realizado para llevar los casos ante los organismos internacionales y los pasos que vienen a continuación para que en el país haya justicia y reparación.

Salazar considera que la renovación del mandato a la Alta Comisionada de Derechos Humanos y la creación del grupo de expertos para Nicaragua contribuirán a impulsar investigaciones que permitan garantizar la justicia a todas las víctimas de la represión de Ortega desde abril de 2018.

La comunidad internacional, tiene la oportunidad a través de sus distintos mecanismos y procedimientos, de determinar la responsabilidad del Estado de Nicaragua por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en 2018 hasta la actualidad, pero también de enrumbar acciones dirigidas a que los autores intelectuales y materiales de estos crímenes sean debidamente juzgados”, detalló Flores.

En las cárceles hay 181 personas presas políticas. Algunas de ellas se encuentran privadas de libertad desde 2018, mientras que otras están por cumplir su primer año tras las rejas. Recientemente, varios prisioneros políticos fueron condenados bajo procesos cuestionados por la falta de imparcialidad del Poder Judicial nicaragüense y una Fiscalía encargada de falsificar pruebas en contra de los detenidos, según documentaron los medios de comunicación independientes.

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