El Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) adoptó durante su sesión 49 y por 20 votos a favor una resolución que establece durante un año un “Grupo de Expertos de Derechos Humanos” con un mandato de investigación y rendición de cuentas por las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en Nicaragua.

“Nicaragua lleva más de cuatro años inmersa en una profunda crisis de derechos humanos que ha sido analizada en detalle por el Consejo de Derechos Humanos. Cuatro resoluciones fueron adoptadas y las autoridades no han mostrado ninguna intención de cooperar ni con Naciones Unidas ni con el Sistema Interamericano de derechos humanos,” afirma Vilma Nuñez de Escorcia, Presidenta del CENIDH-Nicaragua. 

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“Este mecanismo era el lógico, necesario y esperado próximo paso a tomar para hacer frente a la impunidad que sigue alimentando las graves violaciones a derechos humanos en Nicaragua. Ante un gobierno que ha cerrado todos los canales de cooperación con la ONU, profundizando la crisis dentro del país, la comunidad internacional allana el camino hacia futuros procesos de justicia con la creación de este mecanismo”, añade Ligia Gómez, vocera de Urnas Abiertas.

Para Juan Carlos Arce, del Colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más “este mecanismo es el resultado de la resistencia cívica de diversos actores, incluyendo a las víctimas las cuales se han negado a guardar silencio frente a los crímenes cometidos por el Estado, el mismo es una herramienta para la defensa de derechos y la lucha contra la impunidad, así como un respaldo a las víctimas, sin duda esta buena noticia que nos llena de esperanza”.

El Consejo ha decidido establecer un “Grupo de Expertos en Derechos Humanos” compuesto por  tres personas expertas en derechos humanos con el mandato de “llevar a cabo una investigación exhaustiva e independiente y establecer los hechos y las circunstancias, recopilar, consolidar, preservar y analizar la información y las pruebas, y, cuando sea posible, identificar a los responsables, de todas las presuntas violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, así como sus patrones y causas estructurales, incluyendo las dimensiones de género y el impacto de formas interseccionales de discriminación”.