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En la Audiencia del 179 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, se abordó el impacto de la colonización y violencia en los territorios indígenas de la Costa Atlántica en Nicaragua.
El objetivo de la audiencia fue brindar información actualizada sobre la situación de violencia contra indígenas Miskitos y Mayagnas, así como contra personas defensoras de derechos humanos en esta región de la Costa caribe de Nicaragua.
La presidenta de la Cidh, Antonia Urrejola, relatora por Nicaragua, y relatora por los pueblos indígenas, destacó que la audiencia fue solicitada por organizaciones de la sociedad civil, y agradeció la presencia de la representación gobierno Ortega Murillo.
“Agradezco la presencia de la procuradora, porque ultimadamente no hemos tenido la presencia del Estado, creo que es un muy espacio para poder dialogar.”
Lottie Cunningham, del Centro por la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, Cejudhcan, en su participación dijo que en pleno siglo 21 los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua siguen enfrentando la colonización de los territorios.
Los colonos ajenos a las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas invaden los territorios con uso de armas y sobre explotan los bienes naturales. A lo largo de 2020 se contabilizaron trece asesinatos ocho personas heridas en ataques armados dos secuestros y el desplazamiento forzado de una comunidad, la mayoría integrantes del pueblo indígena Mayagna y múltiples ataques, estuvieron dirigidos al pueblo miskito, entre ellos se registraron dos agresiones contra dos niñas indígenas (…). Desde el 2011 y 2021, hemos podido contabilizar 49 indígenas muertos, 53 lesionados, 46 secuestrados y 4 indígenas desaparecidos. Estimamos que la violencia ha desplazado aproximadamente a mil personas misquitos únicamente en doce comunidades beneficiarios de medidas de protección del Sistema Interamericano”.
“La impunidad por estos actos violentos es absoluta,” el Estado no ha brindado información periódica ni suficiente de las investigaciones de asesinatos, agresiones referidas y tampoco ha establecido las medidas cautelares y provisionales otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresa Lottie Cunningham.
La procuradora general de Nicaragua, Wendy Morales, afirmó que el Gobierno nicaragüense ha realizado acciones para evitar el desplazamiento de los indígenas, como el establecimiento de ocho juicios con 14 personas condenadas y aseguró que el gobierno Ortega Murillo es garante de la restitución de los derechos humanos.
El sistema de justicia recientemente ha condenado 18 casos vinculados a conflictos de tierra en comunidades indígenas y delitos o nexos, de los cuales se acusó a 22 personas de los que se ha realizado 8 juicios resultando culpables 14 personas, sobre el acceso la justicia Nicaragua reconoce a los líderes tradicionales y establece a las asambleas comunales como elementos protagónicos en el ejercicio de la justicia…”
Morales, no quiso profundizar en los temas expuestos, evadió responder las preguntas, negando de esa manera la denuncia de la sociedad civil. El relator de Derechos de los Defensores de la CIDH, Joel Hernández, mostró su preocupación por la situación más allá de las leyes vigentes en Nicaragua.
«Lo que está aquí subyacente son las actividades que están atentando contra indígenas(…). Todo pueblo tiene derecho a desarrollo sustentable», subrayó Hernández.
Ana Bonilla de la sociedad civil, señaló ante la gravedad expuesta y solicitó a la CIDH, “que exhorte al Estado de Nicaragua que cese de inmediato de todo tipo de amenazas y ataques contra personas defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes y además se abstenga de cualquier acto de represaría contra las personas defensoras que se encuentran en la audiencia,” entre otras solicitudes.
