El gobierno Ortega Murillo a propuestos tres iniciativas de ley que para expertos en temas de derechos humanos y jurídicos son una aberración legal.La primera en aprobarse fue la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y esta semana se encuentra sobre la mesa de la Asamblea Nacional la ley de Ciberdelitos conocida popularmente como ley Mordaza, para su aprobación.

La Ley Mordaza es llamada así porque atenta contra la libertad de expresión en Nicaragua, con penas desde dos a seis años de cárcel para quienes por ejemplo sean señalados de usar las redes sociales para denunciar violaciones a derechos humanos o las ilegalidades de las autoridades contra la ciudadanía. Las tres iniciativas de ley han sido criticadas a nivel nacional e internacional, lo que no ha impedido que estén siendo aprobadas.

Carla Sequeira directora de asesoría legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Cpdh,  dice que está  la ley especial de Ciber Delito, es una ley que sustituye  la norma de la constitución política de Nicaragua “ donde se establece claramente lo que es la libertad de expresión, la libertad individual de las personas de poder expresarse libremente sin  ningún tipo de restricciones, para entender  mejor esto es importante que yo les explique que la libertad de expresión no tiene censura previa, esto significa que nosotros podemos expresarnos sin necesidad que exista atadura o que alguien pueda limitar este derecho o libertad de expresión”, aclara la abogada .

Las medidas penales si se sobrepasa la libertad de expresión, están contempladas en el código penal, si en un caso una persona se siente amenazada en su honor, se pone una querella por injurias y calumnias, por lo tanto, Sequeira considera innecesaria esta nueva Ley de Ciber Delito. “Esta ley de Ciber Delito es completamente innecesaria porque violenta derechos y garantías de cada uno de los ciudadanos y establece delitos que ya están sancionados o como están establecidos en la iniciativa de ley ya se encuentran regulados dentro de nuestro código penal. por lo tanto, esta ley es una medida para amenazar asediar y cuartar la libertad de expresión de los ciudadanos nicaragüenses por que incluso en su mismo prologo habla de la ley de seguridad soberana.”

La ley de seguridad soberana refiere la abogada “es una ley completamente ambigua que le deja discreción a los funcionarios, que es establecer una amenaza a la seguridad, por qué le da potestad a los judiciales que intervengan los medios y todas las comunicaciones privadas”.

Juan Carlos Duarte  abogado y director de Radio Camoapa explica que la iniciativa de  ley de Ciber Delitos o conocida como ley mordaza además de innecesaria por que muchos de sus contenidos ya están regulados , la única utilidad que tendrá  es limitar y controlar  a través de las redes sociales “ esta ley vulnera gravemente el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la comunicación, derechos fundamentales básicos, que además están recogidos por la constitución política. La mayor preocupación del gobierno es proteger sus intereses estableciendo reglas de juego en un país que le permitan solamente protegerse a sí mismo y vulnerar los derechos de la ciudadanía porque además de discrecional la ley es arbitraria”.

Para Duarte es claro que el gobierno ortega Murillo con estas acciones demuestra que no quiere escuchar voces critica, que no quiere señalamientos, pero que la última palabra la tiene el pueblo nicaragüense y ya encontrara la forma de decir las cosas.

Sanciones ¿qué hacer?

Para Carla Sequeira uno de los artículos que más le sorprenden en la ley es el artículo 30 que habla acerca de los usos de las tecnologías de información y de comunicación donde señala “todo aquel que difunda información falsa, tergiversada que produzca los que es alarma zozobra a la población o que incite al odio va a ser sancionada de una pena de dos a cuatro años prisión.” Este artículo 30 lo que hace es poder en riesgo de cualquier persona pueda pretender o da la discreción a un funcionario para determinar que es una noticia falsa”

Lo que quiere decir  que el  funcionario judicial perfectamente  pueden decir que estamos dando una noticia falsa o tergiversando la noticia en un medio de comunicación y eso significa que el ministerio publico tiene la potestad de acusarme a un individuo en cualquier momento, señala Juan Carlos Carlos Duarte “no vamos a poder contar lo que esta pasando en nuestro entorno, ese artículo 30 demuestra sin dudar a dudar que quieren silenciar a las voces críticas del país, no quieren escuchar absolutamente nada, están pretendiendo poder una mordaza sobre el mapa de Nicaragua para que la población guarde silencio sobre las cosas que pasan “

Para Sequeira ahora se requiere tener mucho cuidado en lo que se publica o dice y que por su parte seguirá alzando la voz, “ a nivel personal voy a seguir ejerciendo mi labor como defensora de derechos humanos, es una decisión personal. Hay saber el riego que estas tomando a emitir una noticia o que vas a denunciar violaciones de derechos humanos sabemos que en cualquier momento vamos a ser procesados por parte del Estado por cualquier delito que se les ocurra, no necesariamente por los ciber delitos”.

A todos los periodistas advierte la abogada tiene la obligación de leer la ley y estar claros de las implicaciones de las mismas, cuáles son los recursos humanos y legales que tienen para protegerse.

“los periodistas al día siguiente de ser presentada la ley deberíamos de presentar un recurso de inconstitucionalidad que es un derecho de cada uno de los nicaragüenses, y cuando se ejecute acciones arbitrarias directamente a las personas tenemos el recurso de amparo que tenemos que presentarlo. Se que van a decir son cosas inútiles, pero son evidencias que tenemos que dejar, debemos hacer una sistematización de acciones que realmente deje en evidencia que lo que esta haciendo este gobierno es una completa arbitrariedad y que es una violación a los derechos constitucionales y humanos de cada uno de nosotros” señala.

 Por su parte Juan Carlos refiere que el gobierno apuesta a la censura previa y entre otras intenciones también pretenden atemorizar a las población y medios de comunicación que probablemente se abstendrán de abordar determinados temas. “El gobierno quiere que en los espacios de comunicación tradicional o digitales estemos hablando solo de farándula, simples y banales y no quieren que hablemos de contenidos generadores de opinión. En cualquier espacio tradicional o digital, cualquier cosa que se diga por muy real y cierto que sea, si no es del agrado del funcionario publico de gobierno puede representar inmediatamente serios problemas en los términos planteados por la ley que podrían terminar en el peor de los casos con la privación de la libertad y en medio podrían aparecer otras amonestaciones».

El abogado y periodista aclara que esta ley no perjudica solo al periodismo independiente esta ley tiene repercusiones en toda la sociedad nicaragüense.“No puede la población darse lujo y no debe pensar que estas leyes perjudican solamente a medios, es una afectación para toda la población nicaragüense comunicación tradicionales o digitales a o organizaciones civiles o a otros sectores”.

Estas tres leyes fuerón creadas con nombre y apellidos realmente el objetivo de perjudicar y amenazar a las personas que están levantando su voz en contar del gobierno, sin embargo, este no debe de ser motivo para que a estas horas el pueblo tenga miedo, que al contrario debe estar más unido, finalizó la abogada Sequeira.