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La sentencia fue emitida por un tribunal costarricense tras una investigación conjunta con autoridades de Nicaragua
El Tribunal Penal de Goicoechea, en San José, Costa Rica, emitió una sentencia de 14 años de prisión a un ciudadano nicaragüense por el delito de trata de personas en perjuicio de una adolescente, también nicaragüense. El hecho fue divulgado el 11 de julio por el medio La Prensa.
Según el informe judicial, el ciudadano, identificado como Marlon Alexander Martínez Varela, estableció contacto con la joven a través de redes sociales. Posteriormente, la trasladó a territorio costarricense, donde se cometieron los hechos investigados.
El proceso penal incluyó pruebas que demostraron cómo la adolescente fue inducida a participar en situaciones no autorizadas por ella ni sus representantes legales. La intervención de las autoridades permitió su rescate en 2022 durante una operación de seguridad.
Trabajo conjunto entre países vecinos
La investigación fue coordinada por la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de Costa Rica. También contó con apoyo de instituciones de justicia de Nicaragua. Esta colaboración facilitó la recopilación de información transfronteriza y la protección de la víctima.
Durante el juicio se expuso que Martínez Varela publicaba anuncios en línea, por medio de los cuales promovía encuentros con la adolescente sin su consentimiento. Los ingresos obtenidos no eran entregados a la joven, lo que agravó la situación.
Las autoridades judiciales confirmaron que el condenado deberá cumplir su pena en un centro penitenciario de Costa Rica, donde se le garantizarán los derechos que la ley establece para personas en reclusión.
Protección para la víctima, sentencia a ciudadano y lecciones para la región
Tras el rescate, la adolescente y su familia han sido integradas a un programa estatal de protección, de acuerdo con lo reportado por La Prensa. Este tipo de apoyo tiene como fin garantizar su bienestar físico, emocional y social.
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El Ministerio Público costarricense afirmó que esta sentencia marca un precedente importante en Centroamérica para la atención y prevención de delitos relacionados con la trata de personas, especialmente cuando involucran a menores de edad.
Organismos internacionales y defensores de derechos humanos han señalado que este tipo de decisiones judiciales contribuyen a ampliar la conciencia sobre la importancia de proteger a la niñez y adolescencia frente a riesgos en entornos digitales y migratorios.
