
Familias y organizaciones pidieron el pasado miércoles en una audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que ordene nuevamente la libertad de los «presos políticos» en Nicaragua y que se califique la situación como tortura, mientras que el Estado no envió representación a la sesión.
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La CorteIDH, con sede en Costa Rica, convocó a una audiencia pública sobre la supervisión de las medidas provisionales que ha ordenado en los últimos meses para 76 personas privadas de libertad, a quienes las organizaciones defensoras de derechos humanos consideran presas políticas.
El Estado debía de rendir un informe sobre el cumplimiento de las medias provisionales, pero el Gobierno nicaragüense no envió representación.
La abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Gisela de León, dijo a EFE que Nicaragua no ha cumplido con las medias de la CorteIDH y que las personas que están detenidas pertenecen a diversos ámbitos de la sociedad que se oponen al Gobierno del mandatario Daniel Ortega y la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo.
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El pasado 4 de octubre la CorteIDH emitió una nueva resolución en la que ordenó al Estado de Nicaragua liberar a 45 personas detenidas durante la crisis sociopolítica que atraviesa el país y a quienes organizaciones no gubernamentales identifican como presos políticos.
Además, la Corte ordenó al Estado que «adopte de forma inmediata medidas para proteger la vida, el acceso a la salud, la integridad y la libertad personal de los detenidos«.
Esa fue la más reciente de una serie de resoluciones emitidas por la CorteIDH en favor de personas detenidas en Nicaragua, aunque el Gobierno nicaragüense no ha acatado las órdenes.
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