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Ante las continuas torturas que sufren los prisioneros políticos en Nicaragua, tal y como lo afirmó un Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura en un informe presentado la semana pasada, un grupo de organizaciones de derechos humanos recordó que el Estado de Nicaragua está obligado a brindar un trato humanitario a los prisioneros y llamó a las autoridades del régimen a que “paren las torturas”.
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Para Tania Agosti, de Raza e Igualdad, la actuación de las autoridades nicaragüenses refleja un profundo desconocimiento del Convenio contra la Tortura, del cual Nicaragua es suscriptor. “Esta resistencia no es nueva y ocurre cuando el Estado es acusado de una política de detenciones arbitrarias contra cualquier tipo de oposición, donde en la actualidad se reportan al menos 190 personas privadas de libertad por motivos políticos en condiciones inhumanas, donde existen cada indicio de tortura y delito sexual”, precisó.
Limitacion de visitas a prisioneros políticos
El relator para Nicaragua del Subcomité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (SPT – ONU), Juan Pablo Vegas, lamentó la forma en que el gobierno ha limitado las visitas familiares a los reos de conciencia y el bloqueo al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para constatar el estado de salud de los detenidos.
Quisiera recordar que Nicaragua tiene obligaciones ineludibles en materia de prevención de tortura. La prevención y la erradicación de la tortura no son una opción política, un eslogan humanista y aún menos una posición de algún poder externo que viola la soberanía de un Estado; se trata más bien de una obligación internacional asumida al ratificar la Convención Contra la Tortura y sus protocolos facultativos”, expresó Vegas durante un evento virtual.
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Juan Carlos Arce, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, recordó que el Comité manifestó “serias preocupaciones y recomendaciones al Estado en materia de administración de justicia y violaciones a pueblos indígenas”. Los informes recibidos por el CAT indican ataques violentos contra miembros de pueblos indígenas y personas afrodescendientes, algunos con resultado de muerte; sin embargo, existe una presunta reticencia de las autoridades para investigar los hechos, así como intentos de criminalización y estigmatización de las organizaciones defensoras que trabajan en la protección de sus derechos.
Fuerza letal contra manifestantes
El informe presentado la semana pasada por el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura hizo eco de anteriores denuncias, por parte de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil, que han señalado al gobierno de haber usado fuerza letal contra manifestantes pacíficos entre 2018 y 2021 y de haber encarcelado a más de un millar de personas por motivaciones políticas, de las cuales más de 190 permanecen detenidos.
El documento enfatiza que en algunos casos se sometió a los detenidos a un régimen de incomunicación de hasta 90 días, mientras se llevaron a cabo interrogatorios sin presencia de abogados en los que en ocasiones hubo palizas, amenazas y privación de sueño, negando después el acceso a servicios médicos.
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