Mujeres aseguran que se mantendrán trabajando a menos que se lleguen a tomar las instalaciones. Nos quieren enterrar y no saben que somos semillas”, escribieron en un comunicado donde rechazan el arrebato de su personería jurídica

Hay incertidumbre, pero también indignación. Las mujeres a cargo de la Fundación María Cavalleri, ubicada en la comunidad Molino Norte de Matagalpa, dicen que les pueden arrebatar la personería jurídica, pero el legado de quien las inspiró a existir, no.

“Aquí estamos y vamos a estar con la comunidad”, dice Eva Molina, directiva de la organización. Este lunes emitieron un fuerte comunicado en el que rechazan su ilegalización y terminan con una frase que desde el primero de junio se ha convertido para ellas en una consigna de vida: “Nos quieren enterrar y no saben que somos semillas”, escribieron.

Desde el día que 75 diputados orteguistas votaron a favor de aniquilar 96 oenegés en tan solo minutos, incluyendo en esa larga lista a la Fundación María Cavalleri, FMC, diez jefes de familias, la mayoría mujeres, que trabajan en la organización viven bajo la posibilidad de un desempleo seguro.

“Aquí no hay trabajo, la comunidad se beneficia de todo lo que hacemos en la fundación, porque para eso fue creada. Más 5 mil personas de forma directa e indirecta, se benefician de lo que hacemos”, explica Molina.

Una herenc

ia “bien gastada”

Molina explica que a la organización, el Ministerio de Gobernación dejó de recibirle documentos desde el año pasado. Contó que antes, los funcionarios al menos se molestaban en buscar una “anomalía” para regresárselos y mandarlos a enmendar. Las últimas tres veces en 2021 se cerraron por completo, igual que hicieron con otras organizaciones que después declararon “en desorden” para ilegalizarlas.

Explicó que la FMC, no recibe fondos externos de cooperación, por lo que le habría sido imposible al régimen forzarlos a declararse agentes extranjeros. “Estaba todo en regla, no hay argumentos para cancelar a la organización”, reitera Molina.

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Cavalleri era una ginecobstetra de origen italiana que llegó al país atraída por los sentimientos que despertó en el mundo la revolución de 1979. Ella supo que necesitaban gente solidaria para levantar un país que estaba en ruinas y como muchos extranjeros de aquellos años, se anotaron en venir a ayudar.

Del norte del país ya no pudo salir. Matagalpa, sus montañas y su gente la sedujo por completo y fundó junto a otras mujeres el Colectivo de Mujeres de Matagalpa. Trabajó en impulsar la salud comunitaria capacitando a parteras locales y en otros proyectos para fortalecer el liderazgo de mujeres del campo.

En 1994, la ginecobstetra enfermó de un tumor de los vasos linfáticos y murió a sus 37 años. Para 2005, las mujeres que el colectivo hizo crecer dieron origen a la Fundación María Cavalleri. Se establecieron en una finca ubicada en el kilometro 135 de la carretera Matagalpa-Jinotega, en la comunidad Molino Norte.

María Cavalleri había heredado dinero al colectivo y así nació la Fundación con su nombre. En 2017 obtuvieron su personería jurídica para operar como una organización sin fines de lucro. En la finca de 30 manzanas de tierra lo primero que hicieron fue aliviar su “envenenamiento” por el uso de años de pesticidas y lograron volverla otra vez cultivable. 

Construyeron salones de capacitación y albergue para quienes llegaban de otros departamentos a los talleres humanísticos. Levantaron zonas para la crianza de aves y otros animales, construyeron un molino para granos húmedos y secos, una venta, una biblioteca con capacidad para 70 niños y un espacio para trabajar en la elaboración de productos de tejido a mano. Las tejedoras de la FMC y lo que hacen, son bastante conocidas en la zona.

Cambiaron el pasado y amenazan su futuro

Las mujeres que se benefician de las obras de la fundación recuerdan con tristeza su vida de antes. Los días se apagaban en los fogones de las fincas de la zona, mientras sus maridos hacían largas jornadas en los cultivos de otros. Muchas veces, solo les alcanzaba para la comida.

En la fundación aprendieron a criar sus propios animales, a manejar mejor sus huertos, administrar su dinero y hacer más que cocinar. Se volvieron artesanas, empresarias, capacitadoras y mujeres con capacidad para reclamar derechos. Todo sería arrastrado por las aguas orteguistas que les han declarado la guerra a los organismos de la sociedad civil.

“Los diputados debieron venir aquí a ver lo que hacemos, investigar, porque no se puede borrar así no más, años de lucha de nuestras mujeres, de nuestras familias, de nuestros niños”, dice una beneficiaria de la fundación.

A las instalaciones, por ejemplo, llegan unos 70 niños para hacer uso de la biblioteca que fue construida con dos propósitos: mostrar el uso del adobe y barro como una forma segura para hacer viviendas en la comunidad y como el espacio de aprendizaje de los niños. La biblioteca funciona en una estructura de construcción modelo comunitario que se ha replicado en otros lugares.

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Brinda capacitación a los comunitarios en la crianza de animales, buenas prácticas para huertos y el cuido del ambiente para una mejor convivencia. Señalaron también que, además de los niños, estudiantes de universidades y escuelas técnicas, las visitaban como parte de sus estudios de campo en la crianza animal y cuidado vegetal.

Sobre el molino que ellas llaman “molino social”, sirve tanto a emprendedoras que venden tortillas, café molido de la zona, rosquillas y otros productos a base de maíz y trigo, como a las mujeres que en casa ya no pasan horas moliendo a mano sus alimentos.

“Aquí seguiremos”, dicen

Y sobre las tejedoras, son cuatro mujeres que enseñan el arte a las más jóvenes y organizan ferias para la venta de productos que benefician a toda la comunidad. “Todo eso está bajo amenaza”, advierte Molina.

Las integrantes de la fundación señalan que su cierre es un golpe a la comunidad, pero que ellas no están dispuestas a dejar de trabajar. “La verdad aquí estamos y aquí seguiremos a menos que vengan a tomarse las instalaciones”, aseguran. 

Desde el 2018 a la fecha, el régimen de Daniel Ortega ha aniquilado a 440 organismos sin fines de lucro. Solo en los seis meses de este año suma 373 organismos cancelados como parte de su venganza política contra la sociedad civil nicaragüense por la rebelión cívica de abril de hace cuatro años.