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Maryland lidera demanda contra el DHS por decisión que afectaría a familias de Honduras, Nicaragua y Nepal beneficiadas con el TPS
El fiscal general de Maryland, Anthony G. Brown, encabeza una coalición de 14 fiscales generales estatales que solicitó a una corte federal bloquear la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 60,000 inmigrantes originarios de Honduras, Nicaragua y Nepal. Esta petición responde a una decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Según los fiscales, es ilegal y perjudica a miles de familias migrantes que han residido legalmente en Estados Unidos por décadas.
La demanda fue presentada el 6 de junio de 2025, y busca una orden judicial preliminar que detenga la medida impulsada por la secretaria del DHS, Kristi Noem. Ella revocó primero el TPS de Nepal y luego extendió la decisión a Honduras y Nicaragua, pese a las condiciones humanitarias críticas en esos países.
“Nos oponemos firmemente a estas acciones ilegales y urgimos a la corte a detener estos devastadores cambios de política que desgarrarían comunidades enteras”, afirmó Brown en un comunicado oficial citado por MyMCMedia, el 22 de julio de 2025.
Riesgo humanitario y afectación a familias mixtas que eran favorecidas por el TPS
Los fiscales advirtieron que finalizar el TPS obligaría a miles de residentes de estados como Maryland a escoger entre abandonar a sus familias o regresar a condiciones de inseguridad en sus países de origen. Según datos de 2022, más de 100,000 ciudadanos estadounidenses viven en hogares con estatus migratorio mixto, donde al menos un familiar es beneficiario del TPS.
El TPS fue otorgado a hondureños y nicaragüenses tras el paso del huracán Mitch en 1999, y a los nepalíes después de los terremotos de 2015. El programa, establecido en 1990, protege a personas que no pueden regresar a sus países debido a conflictos armados, desastres naturales u otras crisis extraordinarias.
Los fiscales argumentan que la cancelación del TPS contradice el espíritu humanitario de la ley y carece de fundamento legal. En su declaración, Brown recalcó el impacto que tendría esta política en comunidades ya establecidas y con fuertes vínculos económicos y sociales en Estados Unidos.
Impacto económico y respaldo de organizaciones
El escrito legal —presentado en el caso National TPS Alliance v. Noem— también resalta las graves consecuencias económicas de cancelar el programa. Organizaciones como Center for American Progress y American Immigration Council han documentado que el 87% de los beneficiarios del TPS participan activamente en la fuerza laboral. Siendo esenciales en sectores como la construcción, salud y servicios.
Además, Human Rights Watch advirtió que deportar a los beneficiarios los expondría a violencia, violaciones de derechos humanos y pobreza extrema en sus países de origen, lo que intensificaría las crisis migratorias.
Junto a Maryland, firmaron el escrito los fiscales generales de California, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Massachusetts. También, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón, Vermont y el Distrito de Columbia.
Un nuevo capítulo en la batalla judicial
Este intento de eliminar el TPS revive tensiones legales que se remontan a la administración Trump, cuando se buscó cancelar el programa de forma similar. En 2021, cortes federales bloquearon temporalmente esas cancelaciones, pero nuevos fallos judiciales han reactivado el riesgo para decenas de miles de familias migrantes.
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Los fiscales esperan que la corte emita pronto una medida cautelar para frenar la cancelación del TPS. Mientras se resuelve el litigio en curso, en defensa de los principios de justicia, equidad y protección humanitaria.
