Radio Camoapa
Una decisión histórica
El Salvador se convirtió en la primera nación del mundo en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal en 2021, una medida que generó gran controversia tanto a nivel local como internacional. Ahora, tres años después, el país también se convierte en el primero en retirarle este estatus, dejando su uso a discreción de los ciudadanos.
Esta decisión llega tras presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que exigió cambios en la Ley Bitcoin como condición para aprobar un crédito de 1.400 millones de dólares. El Parlamento salvadoreño aprobó las reformas en enero de 2024, modificando seis artículos y derogando tres de los 16 que componían la ley original.
Principales cambios en la Ley Bitcoin
Con la reforma, el bitcoin deja de ser considerado una moneda oficial y su aceptación en comercios ya no será obligatoria. Además, no podrá utilizarse para el pago de impuestos. Este cambio marca un giro significativo en la política económica del Gobierno de Nayib Bukele, quien había promovido la criptomoneda como una solución para el desarrollo financiero del país.
A pesar de su activa presencia en redes sociales, el presidente Bukele no ha hecho comentarios sobre esta modificación. La medida ha generado diversas reacciones entre economistas y ciudadanos, algunos de los cuales se mostraban escépticos desde el principio.
Un experimento con resultados cuestionables
La adopción del bitcoin se llevó a cabo a pesar del rechazo del 71% de la población, según encuestas de la época. El Gobierno invirtió más de 200 millones de dólares en la implementación de la billetera digital Chivo Wallet y la instalación de cajeros automáticos de bitcoin en todo el país.
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Sin embargo, su uso ha sido limitado. Un año después de su implementación, solo el 21% de la población había utilizado la billetera digital alguna vez. Para 2024, la cifra cayó al 8,1%, lo que reflejó un interés decreciente entre los salvadoreños.
Impacto económico y percepción del bitcoin
Bukele aseguró que el bitcoin traería prosperidad económica y libertad financiera. Sin embargo, los datos revelan una realidad diferente. En 2022, el 91,7% de la población creía que la economía seguía igual o peor que antes de la implementación del bitcoin. En 2024, un estudio del Banco Central de Reserva indicó que había 55.000 nuevos pobres en el país.
Estos datos refuerzan la idea de que el experimento con bitcoin no logró los resultados esperados y que la desconfianza de la población estaba justificada.
Falta de transparencia y denuncias de corrupción
Desde la implementación de la Ley Bitcoin, la información sobre su uso y manejo de fondos se mantuvo bajo reserva. Durante mucho tiempo, el único canal de información era la cuenta personal del presidente en redes sociales, donde Bukele llegó a afirmar que compraba bitcoins desde su teléfono incluso cuando estaba en el baño.
Recientemente, el Gobierno lanzó un sitio web llamado Bitcoin Office, donde se publicó que la reserva oficial del país es de 6.049,18 bitcoins, equivalentes a 637,3 millones de dólares. Sin embargo, el sitio no proporciona detalles sobre posibles ventas, administración de fondos ni beneficios obtenidos.
Escándalos y futuro del bitcoin en El Salvador
Investigaciones periodísticas han revelado casos de corrupción relacionados con la implementación del bitcoin. Se han reportado fraudes con la billetera digital, incumplimientos de normativas internacionales contra el lavado de dinero y fallos en la plataforma que permitieron el robo de 840.000 dólares.
Stacy Herbert, directora de Bitcoin Office, anunció que el Gobierno eliminará o venderá la billetera oficial Chivo Wallet. Sin embargo, aseguró que El Salvador continuará comprando bitcoin y promoviendo leyes para atraer inversión. Además, se desarrollarán programas educativos para fomentar su uso.
Lo que comenzó como una apuesta arriesgada para posicionar a El Salvador como un referente en criptomonedas terminó con una retirada discreta de su estatus oficial. Aunque el bitcoin seguirá siendo legal en el país, su aceptación ya no será obligatoria, marcando el fin de un experimento económico que no logró cumplir las expectativas del Gobierno ni de la población.
