El gobierno de Costa Rica propone aumentar las penas de cárcel por aborto, generando un intenso debate en la sociedad
El gobierno de Costa Rica anunció el miércoles una nueva iniciativa de ley que busca aumentar las penas de cárcel para las mujeres que aborten y para quienes practiquen la interrupción del embarazo sin consentimiento. La propuesta será presentada al Congreso y ha generado un intenso debate en el país.
Aumento de penas para el aborto
Actualmente, el aborto en Costa Rica solo es legal en casos terapéuticos, cuando la vida o la salud de la mujer están en peligro. Sin embargo, la legislación vigente establece penas de entre uno y tres años de cárcel para las mujeres que causen o consientan su aborto. Con el nuevo proyecto, esta pena aumentaría a un rango de entre cuatro y seis años de prisión.
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Asimismo, la pena para quienes realicen abortos sin consentimiento de la mujer pasaría de los actuales tres a diez años de prisión, a un rango de seis a doce años. Por otro lado, quienes practiquen un aborto con consentimiento de la mujer podrían enfrentar entre cuatro y seis años de cárcel. En comparación con la pena actual de uno a tres años.
Declaraciones oficiales
La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, defendió la iniciativa asegurando que la protección de la vida es un deber del Estado. “Defender la vida de los costarricenses que todavía no han nacido es una obligación del Estado. El aborto no es una cosa más que un asesinato. Por eso las penas tienen que endurecerse”, expresó Fernández durante la conferencia de prensa semanal del gobierno.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, también se pronunció sobre el tema, describiéndolo como “difícil desde lo filosófico y lo moral”. En una comparación controvertida, afirmó: “Vamos a proteger la vida de la madre cuando así sea necesario, no hay disputa en eso, pero vamos a proteger también la vida del otro ser humano que, ocurre y sucede, está dentro de una mujer, temporalmente. Aterrice el avión antes de echarlo (al feto) por la puerta y déselo al PANI (Patronato Nacional de la Infancia) o a una familia buena”.
El aborto terapéutico en Costa Rica
El aborto terapéutico es legal en Costa Rica desde 1970, aunque su aplicación ha sido históricamente limitada. No fue sino hasta diciembre de 2019 cuando el entonces presidente Carlos Alvarado firmó una norma técnica que regula su aplicación, proporcionando lineamientos claros para el personal médico sobre cuándo y cómo proceder con la interrupción del embarazo en estos casos específicos.
Durante su campaña, Chaves prometió a sectores religiosos y conservadores una revisión de esta norma técnica. A inicios de este año, el Ministerio de Salud elaboró un borrador de decreto que buscaba restringir aún más el acceso al aborto terapéutico, pero tras una verificación en septiembre de 2023, el presidente indicó que el protocolo actual “no permite abortos más allá” de los principios constitucionales del país.
Reacciones y debate
El anuncio del gobierno ha generado un fuerte debate entre diversos sectores de la sociedad costarricense. Mientras que grupos conservadores y religiosos celebran la medida como un paso en defensa de la vida, organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos han expresado su preocupación. Argumentan que la criminalización del aborto pone en riesgo la salud y la autonomía de las mujeres.
El Congreso de Costa Rica ahora deberá debatir la propuesta y decidir si las penas por aborto serán endurecidas conforme a la iniciativa presentada por el Ejecutivo.
