
El gobierno panameño anunció que “se cerraron entre cuatro y cinco pasos” en el Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá. El objetivo es encauzar el flujo migratorio por “un paso humanitario” y así “proteger” más fácilmente a los migrantes que atraviesan la selva. Además de disminuir su número.
El “cierre de pasos en Darién busca proteger la seguridad de migrantes”, aseguró en un comunicado el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego. Según la nota, “confirmó que se cerraron entre cuatro y cinco pasos por donde ingresaban migrantes irregulares a Panamá, conducidos por ‘coyotes’, desde Colombia”.
La semana pasada, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) había anunciado el cierre de tres pasos. Con esta medida se busca concentrar la labor de las patrullas del Senafront, para que “mantengan la seguridad y combatan efectivamente a las personas (que) tratan de cometer delitos contra los migrantes”, señaló.
“Lo que hemos tratado de establecer, precisamente para el respeto de los derechos humanos y garantizar su vida, fue la creación de un paso humanitario, que inicia en Cañas Blancas, sigue por el río Tuquesa. Pasa por Bajo Chiquito y llega a la población de Lajas Blancas, donde son atendidos por organismos como Cruz Roja Internacional, Cruz Roja Nacional, Unicef, Acnur y otros”, explicó.
Graves consecuencias humanitarias para migrantes por el cierre de la selva del Darién
La Defensoría del Pueblo de Colombia ha lanzado una advertencia contundente sobre las graves consecuencias humanitarias derivadas del cierre de los tres puntos de cruce en la selva del Darién, una medida recientemente implementada por el gobierno panameño.
Esta decisión, de reforzar la seguridad fronteriza, ha desencadenado una preocupación generalizada debido al impacto inmediato en miles de migrantes y refugiados que dependen de estas rutas para buscar seguridad y oportunidades en América del Norte.
El Darién, una región naturalmente inhóspita que marca la frontera entre Panamá y Colombia. Ha sido un corredor histórico utilizado por aquellos que huyen de la violencia, la pobreza y la persecución en sus países de origen.
El cierre de los puntos de cruce, ubicados estratégicamente en esta densa selva, ha forzado a los migrantes a buscar rutas alternativas más peligrosas y menos monitoreadas, exponiéndolos a mayores riesgos de explotación, violencia y pérdida de vidas.
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La Defensoría del Pueblo ha destacado que esta medida no solo pone en riesgo la seguridad y el bienestar de los migrantes, sino que también dificulta los esfuerzos para proporcionar asistencia humanitaria esencial, como alimentos, atención médica y refugio adecuado.
“El cierre de estos puntos de cruce aumenta la vulnerabilidad de las personas en movimiento y agrava una crisis humanitaria que ya es alarmante”, declaró el Defensor del Pueblo, Julio Luis Balanta Mina, en un comunicado reciente.