Nueva política ambiental propone proteger especies en áreas protegidas y sus hábitats naturales
Después de 11 años de esfuerzos de conservación de especies, Costa Rica ha cerrado con éxito sus dos últimos zoológicos estatales. Este momento histórico marca el fin de los establecimientos públicos que mantenían animales en cautiverio en el país. Los 250 animales del zoológico Simón Bolívar fueron trasladados al centro de rescate Vida Silvestre Tropical, en consonancia con el plan nacional de conservación de vida silvestre.
El cierre se produce tras años de retrasos. La Ley de Protección de la Vida Silvestre fue aprobada en 2013, los zoológicos, administrados por FundaZoo, permanecieron abiertos debido a recursos legales. Este año, el Gobierno decidió no renovar el contrato de FundaZoo y facilitó el camino para el cierre definitivo.
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Costa Rica se destaca por su rica biodiversidad en flora y fauna. Sus representantes son conscientes de esta riqueza
“Estamos cumpliendo con regulaciones nacionales y acuerdos internacionales. La decisión de cerrar los zoológicos estatales se tomó para llevar a los animales a lugares donde puedan vivir mejor. Estamos comprometidos con hacer de la conservación una realidad”, afirmó Carlos Isaac Pérez, viceministro de Gestión Estratégica del Ministerio de Ambiente y Energía.
Para el viceministro Pérez, el bienestar de estos animales es primordial y los nuevos santuarios les ofrecerán un entorno más natural.
Los animales del zoológico Simón Bolívar, en San José, están siendo trasladados al centro de rescate Vida Silvestre Tropical en Alajuela para su evaluación y cuarentena.
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Otros animales, incluido un jaguar, un ocelote, caimanes, cocodrilos, monos araña y un perezoso, han encontrado nuevos hogares en el Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre en las afueras de la capital.
También se clausuró el Centro de Conservación Santa Ana, en las afueras de San José. El país todavía cuenta con 18 zoológicos privados que no están afectados por la ley aprobada en 2013. Su aplicación se había complicado debido a la concesión estatal que operaba la Fundación Pro Zoológicos, que había impuesto varios recursos legales para posponer el cumplimiento de la medida.
