La Fiscalía General de Perú presentó el pasado martes una denuncia constitucional contra el presidente izquierdista Pedro Castillo. En la acusación se le imputa ser el presunto jefe de una organización criminal “enquistada” en el Estado que direccionó una serie de licitaciones de obras públicas durante su administración que empezó en julio del año pasado.

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Hemos hallado indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”, ha señalado Patricia Benavides, fiscal de la Nación, en una conferencia virtual.

La respuesta del presidente Pedro Castillo no tardó en llegar. “Hay denuncias constitucionales, persecución, y no les importa meterse hasta con tu propia madre. Pero acá estoy, y si tiene que correr mi sangre lo voy a hacer, y si tengo que entregar mi vida lo voy a hacer”, comentó el mismo martes durante una aparición pública.

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La situación legal de Castillo se encuentra en jaque por los casos Puente Tarata III y Petroperú. Según la resolución de la Fiscalía, a la que la Voz de América accedió, se le imputan diversas responsabilidades.