
Más de 70 casos de violaciones a Libertad de Prensa en Nicaragua, reporta Voces del Sur en el informe sobre violaciones a la libertad de prensa correspondiente al mes de agosto del 2022. Según el documento la escalada represiva del gobierno contra los medios independientes aumentó con la cancelación de licencias a medios y confiscación de edificios.
En el informe, Voces del Sur documentó 72 casos de violaciones; de los cuales 65 fueron perpetrados contra medios de comunicación (90.2 %), y 7 contra personas naturales.

También señala que, durante este mes, el gobierno de Daniel Ortega consumó la confiscación de las instalaciones del diario La Prensa donde funcionará un centro cultural y politécnico llamado “José Coronel Urtecho”, pese a que la Constitución Política de Nicaragua prohíbe la confiscación.
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Las instalaciones y maquinaria tenían un valor cercano a los 10 millones de dólares al momento de la toma ilegal en agosto de 2021, según un avalúo realizado en ese momento por el periódico La Prensa.
Según el documento, la confiscación a La Prensa evidencia que Daniel Ortega mantiene intactas sus convicciones confiscatorias que ha practicado en otras etapas, en las que ha ejercido el gobierno.
En este sentido, Voces del Sur sostiene que, al completarse la confiscación de facto de las instalaciones de La Prensa, el exilio forzado de los colaboradores del diario y la usurpación de los bienes de La Prensa “se ha desaparecido completamente la posibilidad de retomar el funcionamiento de la sección física del medio”.
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Asimismo, el informe de Voces del Sur recoge el el masivo cierre de medios de comunicación de corte católico y comunitario, por lo cual instó al Estado a mantener separación de los poderes.
Es necesario detener la cancelación de licencias de medios de comunicación católicos como represalia a las diferencias con la Iglesia Católica de Nicaragua; es obligación del Estado mantener separación de poderes e imparcialidad en cada una de sus instancias, dependencias y gestiones que realice”.
El documento señala que en agosto Daniel Ortega utilizó al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), como institución “cómplice” para perpetrar los cierres arbitrarios en contra de medios de comunicación.
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