El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que asegura promover la unidad familiar y la protección de la infancia en Nicaragua «se ensaña de la manera más cruel» contra hijas e hijos de las personas presas políticas y en muchos los casos los priva del elemental derecho de ver o tener comunicación con sus padres o madres encarcelados por ser opositores.

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Les está destruyendo su infancia» denuncian abogados, psicólogos y defensores de derechos humanos.

Las historias son desgarradoras: hijos que no duermen llamando a su papá o mamá, teniendo pesadillas con aquel momento en que vio que la Policía se los llevaba de la forma más violenta ante sus ojos. Esa la crueldad solo comparable con el secuestro nazi de los niños judíos durante el holocausto, solo con eso se puede comparar», dice una opositora que pidió el anonimato, porque tiene un menor en su familia que vive el tormento, noche tras noche, de pedir ver a su mamá.

En Nicaragua, según los datos más recientes del Mecanismo Para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas, hay 190 nicaragüenses encarcelados por razones de conciencia, rehenes por pensar diferente. Producto de estos encarcelamientos, 140 niñas, niños y adolescentes sufren ahora una «separación forzosa» de su papá o su mamá, afirma la activista proderechos de los pesos políticos Ana Lucía Álvarez.

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En Nicaragua, una madre y un padre presos políticos han tenido que recurrir a la huelga de hambre para demandar que les permitan ver a sus hijos. Se trata de Miguel Mora que estuvo 59 días en huelga y Tamara Dávila que estuvo 5 días en huelga de hambre, para que le autorizaran una visita de su hija de seis años.

Les están destruyendo su infancia y afectando todas sus vidas», apuntó un sicólogo nicaragüense que optó por el anonimato.

El abogado Carlos Guadamuz, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, sostiene que el Estado de Nicaragua, infringen el derecho constitucional a que las penas no trascienden de la persona condenada y también «condenan» a los hijos.

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Recalca que también violan el Artículo 46 de la Constitución Política nicaragüense que establece la vigencia de la Convención de los Derechos del Niño, en lo referente a lo no discriminación y protección contra los abusos. «Los funcionarios están en la obligación de respetar la integridad del menor y garantizar que no sean objeto de abusos«, indica, y señala que privar a los menores de poder visitar a sus padres privados de libertad es un flagrante abuso.