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El gobierno de Daniel Ortega aseguró a la Organización de Naciones Unidas, ONU, que en Nicaragua “no existe ninguna política gubernamental de perseguir, amenazar, hostigar o asesinar a defensores de derechos humanos” y puso como “ejemplo” a Vilma Núñez, la veterana defensora y presidenta del cancelado Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
“Vilma Núñez de Escorcia, está bajo la protección de medidas cautelares desde el año 2008, y jamás ha sufrido algún ataque a su vida, integridad física o sus bienes”, indicó el régimen en un informe enviado a la ONU en mayo de 2019 y publicado este jueves en el marco del 74 periodo de sesiones del Comité contra la Tortura.
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Sobre las medidas cautelares para los defensores otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre 2008 y 2018 el régimen fue notificado sobre la adopción de medidas para 27 personas.
Las autoridades sostienen que “el Estado ha brindado y brinda protección de manera efectiva a las personas beneficiadas con estas medidas”.
Esa afirmación es completamente inexacta porque (el Estado) no puede decir unilateralmente que protege, tiene que haber concertación con la persona. O sea, tendrían que haberlas acordado conmigo y esa situación jamás se dio”, reaccionó Vilma Núñez consultada por DESPACHO 505.
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Estas afirmaciones además han sido desestimadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha otorgado medidas cautelares a Núñez y todos los miembros del CENIDH, que actualmente trabajan desde la clandestinidad.
La Policía no me persigue, pero la peor agresión que mantiene el régimen es una campaña de descalificación imputándome cualquier cantidad de afirmaciones como agente de la CIA, del imperialismo, que he participado en golpe de Estado… La existencia de medidas provisionales por parte de la Corte echa por tierra las afirmaciones en este informe”, agrega la presidente del Cenidh.
El gobierno insistió en que ha garantizado la promoción y defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses, y” durante el período 2008-2018 los defensores de derechos humanos han realizado su labor sin ninguna limitación, visitando las instituciones del Estado en donde se les ha atendido acorde a su condición”.
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Pero en la práctica se ha ejecutado una política de exterminio contra las organizaciones de derechos humanos. Inició en diciembre de 2018 cuando la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica del Cenidh; le siguió la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (ANPDH), en febrero de este año; y la última que quedaba, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), fue cancelada en abril de este año.
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