Nicaragua es un país donde ejercer la libertad de expresión es un delito. Es un lugar donde hacer periodismo independiente está criminalizado por leyes arbitrarias e inconstitucionales, periodistas son perseguidos por instituciones del estado y fanáticos del gobernante FSLN, y se ejecutan procesos instrumentalizando el poder judicial”, así inicia la carta de la Red de Defensa Jurídica a las delegaciones de la novena Cumbre de las Américas.

En la Red participan organizaciones de Nicaragua, Costa Rica y los Estados Unidos de América que abogamos por la seguridad jurídica de periodistas y medios mediante asesorías, asistencia legal, capacitaciones y acceso a recursos y herramientas jurídicas.

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El documento recoge que en 2021 la organización local Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PCIN, registró 1,520 agresiones de distinto tipo en contra de periodistas y medios de comunicación independientes. Además, señala que esa razón Nicaragua fue ubicada en la “zona roja” del ranking elaborado por Reporteros Sin Fronteros (RSF). Ocupó el lugar 121. Un retroceso de cuatro puestos con relación al 2020.

Esto es el resultado de haber sido designados como “enemigos” del poder político que se ha enquistado en el estado de Nicaragua desde 2007. Ortega, su esposa, sus hijos y divulgadores de su partido han expresado que son “mercenarios de la información”, “asalariados del Imperio”, “fabricantes de mentiras” y “enemigos del pueblo” todos los medios y periodistas que no se pliegan a su narrativa ni a su afán de discurso único”, puntualiza la misiva.

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Por otro lado, el documento también recoge que el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más publicó el informe “Persecución y criminalización del periodismo en Nicaragua”, en el que se identifican ocho estrategias del estado de Nicaragua, desarrolladas entre 2018 y 2021, para destruir al Periodismo Independiente en el país.

Las estrategias señaladas en el documento son; “Criminalización y judicialización, ataques a la integridad física y psicológica de periodistas, daño patrimonial a medios y periodistas, violaciones a la libre movilización, circulación y residencia, obstáculos para el ejercicio periodístico, persecución fiscal y aduanera, garantías de impunidad a perpetradores y desplazamiento forzado de periodistas”.

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Por ello dicen que “la mejor solución a la profunda crisis que atraviesa Nicaragua es la Libertad de Prensa. Si hay Libertad de Prensa, habrá Libertad de Expresión. Si hay Libertad de Expresión, habrá Democracia. Si hay Democracia habrá Justicia, desarrollo y oportunidades para cada nicaragüense”.