La crisis de derechos humanos persiste en Nicaragua. Periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y profesionales de la salud siguieron enfrentándose a un entorno hostil de 2021 a 2022 según el último informe publicado por la organización Amnistía Internacional.

En Nicaragua con frecuencia, se recluyó arbitrariamente a activistas políticos, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas. Los pueblos indígenas seguían soportando violencia. El gobierno no proporcionó información precisa sobre la pandemia de COVID-19”, detalla el informe.

El documento presentado esta semana detalla que durante el año, el entorno hostil y los ataques permanentes de las autoridades nicaragüenses provocaron que varios periodistas huyeran del país y otros como Miguel Mendoza, se encuentran encarcelados arbitrariamente siguiendo juicios con irregularidades en su proceso.

Las ONG y comunidades locales denunciaron la presencia y los ataques de colonos no indígenas que se asentaban en sus tierras. Algunas de esas agresiones causaron la muerte de personas indígenas”, señala el informe.

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También el documento señala que “Nicaragua hizo caso omiso de las directrices internacionales de la Organización Mundial de la Salud y no dio prioridad al personal sanitario al principio de su programa de vacunación contra la COVID-19. Algunos medios de comunicación manifestaron que se vacunó primero a simpatizantes del gobierno, con independencia de su perfil de riesgo para la enfermedad”.