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Hoy 26 de enero, se cumple un año de la detención, o como señalan sus familiares secuestro, de la presa política María Esperanza Sánchez García, activista de Matagalpa, una de las cuatro mujeres encarceladas por alzar su voz para denunciar las violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense.
Al igual que estas presas políticas, hay más de 110 presos políticos en las diversas cárceles del país, en su mayoría acusados por delitos que no cometieron, así lo señala el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más por lo que exige su inmediata libertad.
Estas personas se encuentra encarceladas injustamente, bajo tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en celdas de máxima seguridad señala el colectivo. “transgrediéndoles sus derechos humanos y libertades fundamentales, varias de esas personas han sufrido y sufren aislamientos con encierros prolongados.”
Sánchez fue condenada injustamente a 10 años de cárcel por tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas, lo cual evidencia la instrumentalización del Poder Judicial en Nicaragua para silenciar las voces de la población”, señala el organismo.
Además, el Colectivo condena la represión estatal, asedio y persecución política que mantiene el gobierno Ortega Murillo desde abril 2018 y exigen el cese de la represión y la libertad plena y total de las presas y presos políticos.
