La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), advierte la existencia de patrones comunes en los hechos de violencia sexual registrados contra las mujeres detenidas, como una herramienta adicional de castigo, represión y humillación. Así también en contra de personas LGBTI, todo esto en el marco de la represión del gobierno Ortega Murillo desde el año 2018.
En su análisis la comisión expresa preocupación por la ausencia de registros oficiales sobre personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018.
A pesar de la falta de información del estado, la CIDH ha logrado verificar que 1614 personas han sido privadas de la libertad injustamente por su participación o apoyo a las manifestaciones sociales iniciadas en abril de 2018 y que al 31 de mayo de ese año, continuaba detenidas 80 personas.
Sin embargo, el primero de diciembre en la conferencia para el Lanzamiento de la campaña Navidad sin preso y Presa Políticas, familiares confirmaron que actualmente en Nicaragua hay 118 secuestrados por razones políticas en las cárceles.
La CIDH destaca que este informe “representa solamente una fracción de un universo más grande y difícil de proyectar debido a la usencia de información oficial y otros factores por ejemplo las ejecutadas por fuerza policiales articuladas con grupos de civiles armados, en las cuales las personas fueron trasladas a centros de detención ilegales o clandestinos.”
Toda la información de este análisis es recabada principalmente, “desde las voces de las víctimas quienes denunciaron a la CIDH la grave situación que vivieron, la dinámica de detenciones, las realidades de su privación de libertad, la ausencia de respuesta a la justicia y las consecuencias de sus vidas personales y familiares.”
Las personas que han sido asediadas y objeto de detención han sido señalarlas como “golpistas”,” delincuentes” y “vándalos”, por autoridades estatales y medios de comunicación del oficialismo como responsables de cometer “actos terroristas y de crimen organizado”, aún cuando no habían sido remitidos a la orden de los tribunales.
La represión o criminalización en las protestas, asedio, han sido realizada por la policía nacional y grupos parapoliciales o terceros armados, los cuales han actuado con frecuencia con rostro cubiertos, refiere el informe.
En el contexto de la prolongación de la Crisis en Nicaragua, la Comisión constató que las personas privadas de libertad fueron tratadas “como objeto de intercambio y ‘negociación” por parte de Estado con la finalidad de mantener en incertidumbre y angustia a sus familiares, inhibir cualquier acción de protesta social, condicionar las acciones la oposición y la sociedad civil”.
LA CIDH analiza el papel del poder Judicial e insiste en que la independencia y su clara separación respecto a los otros poderes debe ser respetada y garantizada.
