En el marco del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, representantes de diferentes organizaciones en la región y especialistas en derechos y comunicación, resaltaron durante un encuentro en Washington D.C. una serie de desafíos y retos que permanecen en el ejercicio periodístico en los medios de comunicación comunitarios e indígenas.
Entre los desafíos resaltaron el silenciamiento, la invisibilización, la discriminación, la persecución, la impunidad, dificultades en el sostenimiento económico, entre otras.
Para América Latina y el Caribe, el 2022 fue uno de los años más violentos durante las últimas décadas para el ejercicio periodístico, según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y otras organizaciones. Al menos 67 periodistas murieron en el mundo y de estos 30 fueron en Latinoamérica, señaló a inicios de 2023 el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).
Por su parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU) indicó que la tasa de impunidad de los asesinatos de periodistas en el mismo año fue del 86 %.
Desde la mirada de Mónica Valdés, antropóloga y presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe (AMARC-LAC), los medios comunitarios e indígenas se enfrentan a desafíos basados en la interseccionalidad de los derechos humanos.
Valdés explicó que los medios comunitarios e indígenas suponen las posibilidades y necesidades que estas tienen de gestionar la comunicación y la expresión plural desde las comunidades, resaltando sus oportunidades y contando las realidades desde los territorios.
Los medios de comunicación no surgen de la nada
Los medios de comunicación “no surgen de la nada, sino que provienen de proceso y movimientos sociales con trayectos de exigencia de derechos y responde a la interseccionalidad por ser espacios de la cultura, educación, salud, derechos políticos, transparencia y acceso, derechos ambientales”, agregó Valdés. “Su invisibilización y discriminación significa silenciar la agenda pública local”.
Adriana Sunun, representante Asociación de Abogados y Notarios Mayas, destacó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso “Pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango y otros vs. Guatemala”. Responsabilizó al Estado guatemalteco por la violación de los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y a participar en la vida cultural, en relación con las obligaciones de respeto y garantía sin discriminación y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en perjuicio de los pueblos indígenas Maya Kaqchikel de Sumpango, Achí de San Miguel Chicaj, Mam de Cajolá y Mam de Todos Santos Cuchumatán
La CIDH ordenó a Guatemala adoptar las medidas necesarias para permitir que las comunidades indígenas puedan operar libremente sus radios comunitarias. Adecuar la normativa interna con fines de reconocer a las radios comunitarias como medios diferenciados de comunicación, particularmente las radios comunitarias indígenas, así como pagar las sumas monetarias fijadas en la sentencia con motivo de la compensación por los equipos de transmisión aprehendidos, por concepto de indemnización por daño material y daño inmaterial, entre otras.
