El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y otras 17 organizaciones civiles, denunciaron el pasado jueves en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la grave situación en relación a “la sistemática violación de la libertad de asociación” y el derecho a la defensa de los derechos humanos en Nicaragua.

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Mediante un comunicado las organizaciones afirmaron que hasta la fecha el gobierno ha cancelado arbitrariamente la personalidad jurídica de 2,634 ONG, de las cuales 2,510 han sido eliminadas a partir de marzo de este año; y, al menos 43 organizaciones han sido allanadas y apropiado inconstitucionalmente su patrimonio.

Denunciamos ante la Comisión la continua aplicación de leyes represivas que son utilizadas para justificar estas cancelaciones y criminalizar a sus integrantes, lo cual aumenta la vulnerabilidad en poblaciones históricamente discriminadas”, dicta la misiva firmada por organismos nicaragüenses.

Ante la sistemática violación a la libertad de asociación en Nicaragua, las organizaciones presentaron un deterioro económico y social por la falta de ejecución de proyectos a beneficio de la población nicaragüense.

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Con la cancelación de al menos 53 organizaciones se reduce a 41.9 millones de dólares la ejecución anual de proyectos de desarrollo, además de la disminución de más de 2 mil empleos formales y la desatención de un millón de personas que eran benefícialas por estas organizaciones.

El Relator Especial sobre Libertad de Reunión y Asociación de Naciones Unidas, Clement Voule, manifestó que la “política de desmantelamiento de movimientos sociales”, mediante la aplicación de leyes ambiguas avaladas por un Poder Judicial instrumentalizado, es “una estrategia de censura permanente, con un claro patrón para reprimir las voces disidentes”.

La CIDH reiteró su preocupación por la grave crisis de derechos humanos que vive Nicaragua. La comisionada Margarette May denunció que las organizaciones que defienden la democracia están en peligro debido a la criminalización del gobierno que cataloga como “enemigos del Estado” a quienes se oponen.

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Categóricamente señaló que Nicaragua está destruyendo de forma ‘demente’ a una parte de la población, destruyendo sus activos y la vida de los nicaragüenses, puntualizando que lo que se vive son crímenes de lesa humanidad que no pueden quedar impunes”, agrega el comunicado.