Estados Unidos denunció el pasado lunes el «drástico» recorte de las libertades civiles en El Salvador bajo el régimen de excepción promovido por el Gobierno de Nayib Bukele para combatir a las pandillas, y criticó la legislación que criminaliza a la prensa que informa sobre el crimen organizado.

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«En reuniones privadas con el Gobierno de El Salvador, hemos subrayado la importancia de respetar los derechos humanos, incluidas las garantías judiciales«, expresó la subsecretaria adjunta para América Latina en el Departamento de Estado, Emily Mendrala, durante una comparecencia virtual ante la comisión de derechos humanos de la Cámara de Representantes.

Más de 52.000 personas han sido detenidas desde que el Parlamento salvadoreño aprobara en marzo el estado de excepción, extendido hasta en seis ocasiones, como parte de la guerra del Gobierno contra la violencia de las pandillas.

Mendrala subrayó la «preocupación» por parte de Estados Unidos, porque esta medida ha «recortado drásticamente la protección de los derechos civiles» en el país centroamericano y al menos 700 personas fueron arrestadas «por error«.

El Departamento de Estado está comprometido firmemente con la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, algunas medidas tomadas durante el estado de excepción van en contra de los derechos humanos y son insostenibles», dijo.

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Aseguró que bajo el régimen de excepción se ha suspendido el derecho a ser informado de los motivos de la detención, a tener un abogado y a comunicarse de forma privada.