El Parlamento nicaragüense de mayoría oficialista endurecerá las leyes aprobadas en 2020, en especial la Ley de Soberanía bajo la cual se han arrestado a los principales opositores que a la fecha siguen bajo prisión por varios cargos.
Después de un proceso de supuesta consulta realizado en el Parlamento durante dos meses, los legisladores que se reunieron con funcionarios de los otros poderes del Estado, sugirieron agregar reformas, dentro de estas una llamada “Extinción del dominio” que consiste en confiscar los bienes a quienes violenten la Ley 1055, Ley de Soberanía. También sugieren incrementar la pena de 15 a 20 años de prisión a quien recurra en dicho delito.
Según el documento oficial, las supuestas víctimas de las protestas de 2018, pidieron que las penas deberían ser más severas “y demandaron justicia para con los religiosos y directores de organizaciones de derechos humanos que se involucraron en la aventura golpista”.
“Lo que se hizo fue un proceso de consulta en donde asistieron representantes de instituciones del gobierno como la Policía, Ministerio Público, la Procuraduría de derechos humanos, la Contraloría de la República, el Poder Judicial. También asistieron supuestas víctimas, así les llamo yo porque las que llegaron nada más son afines al gobierno”, dijo el diputado y vicepresidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Rivera vía telefónica a la Voz de América.
Según Rivera, quien estuvo en el proceso de consultas, el siguiente paso es la creación de una comisión interinstitucional que analizará las reformas sugeridas y luego pasarán nuevamente a la comisión de justicia para finalmente ser aprobadas en la Asamblea de mayoría oficialista.
