La Corte Internacional de Justicia (CIJ) impuso este viernes a Nicaragua el pago de 378.890,59 dólares a su vecino Costa Rica por los daños causados durante la ocupación militar en 2010 de isla Portillo.

La decisión del tribunal con sede en La Haya (Holanda), que pone fin a una de las varias disputas fronterizas entre ambos países centroamericanos, representa además la primera en la que fija una indemnización por daños medioambientales.

En concreto, la corte de Naciones Unidas impone a Managua el pago de 120.000 dólares por la degradación o la pérdida de bienes y servicios medioambientales y otros 2.708,39 por los gastos de restauración de ese humedal protegido y conocido en Nicaraguacomo Harbour Head.

El monto total está no obstante muy alejado de los 6,7 millones de dólares reclamados por San José por los gastos incurridos para recuperar ese espacio protegido por la Convención Internacional Ramsar.

Tras la lectura de la decisión, el agente nicaragüense ante la CIJ, el embajador Carlos Argüello, celebró la «justa» decisión de los magistrados, que adjudicaron a Costa Rica «un 5%» de lo que pretendía.

«El presidente Daniel Ortega había dicho que Nicaragua estaba dispuesta a compensar lo justo y razonable, pero (…) la demanda de Costa Rica era completamente exagerada», indicó a la AFP Argüello.

La decisión sobre la indemnización pone punto y final a esta disputa de ambos países ante el tribunal internacional, que en diciembre de 2015 otorgó el territorio disputado a Costa Rica.

La corte estimó entonces que «al excavar tres caños en 2013 y establecer presencia militar en la zona en disputa, Nicaragua violó las obligaciones emitidas por la corte el 8 de marzo de 2011».

Los magistrados dejaron en manos de ambos países negociar una indemnización por los daños materiales ocasionados por esa violación, pero, ante la falta de acuerdo, Costa Rica solicitó a la CIJ fijar el monto.

Las autoridades nicaragüenses deben abonar la cantidad, que incluye también 236.032,16 dólares por los gastos vinculados a las actividades ilegales de Nicaragua en territorio costarricense, antes del 2 de abril de 2018.

El experto en derecho internacional Mauricio Herdocia dijo a LA PRENSA que Nicaragua logró una reducción sustantiva y drástica “del monto originalmente solicitado por Costa Rica. No obstante debe pagar una indemnización por daños que no debieron haberse producido nunca y que fueron consecuencia de acciones que pudieron evitarse”.

“Al final Nicaragua que debía recibir una indemnización gigantesca por la construcción de la carretera a lo largo del Río San Juan, pierde esa partida fundamental en el juicio por la Ruta 1856 pero termina pagando 378, 800 dólares, una cifra muy inferior a la solicitada por Costa Rica que ve reducida al mínimo sus pretensiones”, dijo Herdocia.