Esta acción es ilegal, pero “es promovida por operarios políticos del partido en Gobierno para ganar nuevamente la voluntad popular, es decir, están promoviendo otra piñata”, expresó el abogado Alberto Novoa. Él fue procurador general de la República.
La invasión de la propiedad privada tomó fuerza entre mayo y junio en los diferentes departamentos del país y es interpretada, por abogados y afectados, como represalia contra la empresa privada por romper el modelo de diálogo que tenía el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.