Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha que recuerda el asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, en República Dominicana. En Nicaragua es una fecha para reflexionar sobre la desprotección que existe hacia las mujeres por parte del estado y la cultura machista que violenta sus derechos.
Wendy Flores, abogada del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más considera que el gobierno Ortega Murillo ha mostrado indolencia y desinterés hacia la protección de la mujer y por el contrario genera un sistema en donde impera la impunidad de delitos que la violentan pues está más atento por perseguir y reprimir políticamente a la ciudadanía que realizar acciones que prevengan y sancionen la violencia contra las mujeres.
Flores comenta que el problema aumente por la falta de mecanismos que protejan a la mujer cuando ocurren actos de violencia, la impunidad por que los agresores no cumplen sus condenas y la inexistencia de algún proceso que haga que estos hechos no vuelvan a repetirse.
Según el observatorio de la organización Católicas por el derecho a decidir a noviembre 2020 han ocurrido 69 femicidios en Nicaragua, mostrando un incremento comparado con el de años anteriores.
Para Flores la respuesta del Estado es promover procesos judiciales que ponen en libertad de forma anticipada al cumplimiento de condena del victimario o incluso de quienes no son sometidos a procesos penales como por ejemplo el caso de Dina Carrión y de una cantidad de mujeres que no han tenido justicia.
Señala la abogada, también leyes como la Ley de Agentes Extranjeros, perjudican a las mujeres que sufren violencia, porque las organizaciones y defensoras de derechos de las mujeres reciben apoyo de la cooperación extranjera probablemente limitarán su trabajo para proteger a las víctimas de violencia, además el Estado no tiene albergues, los tienen las organizaciones no gubernamentales..
Otra ley que agudizará la problemática es la de cadena perpetua pues no constituye una garantía de justicia para las víctimas, la pena máxima por asesinato, femicidio agravado y otros delitos graves es de 30 años de prisión, pero estas penas no se cumplen por la inoperancia, corrupción, burocracia, parcialidad, politización entre otros factores del sistema de justicia.
Respecto a la violencia sexual contra las mujeres la abogada Flores indica que desde el 2018 se ha incrementado y se utiliza como castigo, más para aquellas mujeres que participaron en el activismo civil o político, uniendo el odio y la represión política con el machismo.
Existen denuncias de las agresiones y el ejercicio del poder sobre los cuerpos de las detenidas ejecutados por el Estado y sus seguidores lo que conlleva a crímenes de tortura, por ejemplo en el contexto de la represión de 2018, se contabilizaron al menos tres abortos en las cárceles, explica Flores.
