Las violaciones a la Libertad de Expresión y Libertad de Prensa en Nicaragua por parte del Gobierno continúan, esta vez, con el informe sesgado que presentó durante la Revisión Periódica Universal (UPR) en la 33ª sesión del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El documento, leído por el ministro asesor del presidente para las relaciones internacionales y vicecanciller, Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, señala que “en Nicaragua existe plena libertad de expresión” y además “ningún periodista ha sufrido cárcel o persecución por ejercer el derecho a informar, en todo caso si alguna persona ha tenido que responder a la justicia lo han hecho por la comisión de conductas ilícitas”.

Todos conocen la realidad

Álvaro Navarro, miembro de la dirección ejecutiva de la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, Pcin, considera que esta es una accion más del régimen Ortega-Murillo contra los derechos humanos en particular de la libertad de prensa y de información de los nicaragüenses.

“La versión de la dictadura no solamente es cínica y descarada si no también insensible. Decir que no hay periodistas presos cuando el mundo entero sabe que hemos estado demandando la libertad de Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau quienes fueron secuestrados de su puesto de trabajo…Rechazamos que la dictadura niegue que hay periodistas presos y que no ha habido violencia. Más de 70 periodistas que están en el exilio, viven un drama, condenados al desempleo y a dormir en el suelo, es vergonzoso que lo nieguen”, señaló Navarro.

Las detenciones de los periodistas ocurrieron el pasado 21 de diciembre cuando la Policía irrumpió, sin una orden de allanamiento, las instalaciones del canal 100% Noticias y apresó, sin orden de detención, a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, director y jefa de prensa del medio de comunicación, respectivamente. Los periodistas cumplirán la próxima semana cinco meses de detencipon ilegal y arbitraria acusados de incitar al odio.

A Pineda y Mora se suma el periodista de radio Marlon Powell, detenido el pasado 7 de marzo en una casa de seguridad en el barrio capitalino San Judas y acusado de los delitos de terrorismo, robo con fuerza, daño agravado e incendio.

Cada vez más violaciones

Desde el año pasado la inseguridad de periodistas y el acoso a medios de comunicación por parte de la Policía y grupos de parapolicías ha incrementado al punto no solo de impedir que realicen su trabajo, también ha confiscado y cerrado dos radios comunitarias, un canal de televisión y dos programas televisivos.

“Es evidente la presencia de policías en los medios de comunicación que han sido ilegalmente confiscados como (el canal)100% y (el programa televisivo) Confidencial. A lo largo de este año de tragedia que hemos vivido los nicaragüenses los medios de comunicación (y periodistas) hemos sido objeto de golpizas y eso ha sido transmitido en la televisión nacional. La dictadura está apostando a la desinformación a pretender que el mundo es torpe o idiota por que pretenden con discursos, con lecturas frente a la comunidad internacional desconocer lo que todo el mundo ya sabe lo que los periodistas hemos denunciado”, enfatizó Navarro.

El régimen Ortega-Murillo también ha ejercido violencia fiscal desde el año pasado al bloquear el desaduanaje de insumos de los periódicos El Nuevo Diario, La Prensa y HOY como una forma de buscar censurar a los medios de comunicación independientes. También en diciembre le quitó la frecuencia y confiscó los equipos de dos radios comunitarias, Radio Voz Juvenil y Radio Humedales, ambas administradas por la Fundación del Río, uno de los nueve organismos sin fines de lucro a los que le quitaron su personalidad jurídica diciembre 2018.

Juan Carlos Duarte Sequeira, referente nacional de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Amarc Nicaragua, analiza que no es posible que altos funcionarios traten de ofrecer una realidad inexistente, una historia absurda como sucedió en Ginebra con el vicecanciller Jaentschke.

“No es posible que digan en escenarios internacionales que aquí no hay violación a los derechos humanos que no hay persecución a periodistas, a defensores y defensoras de derechos humanos, que no hay censura previa y que no hay periodistas presos y presas cuando la realidad demuestra otra cosa”, señala Duarte.

Vanessa Cortez, periodista de Nicaragua tuvo que salir al exilio al igual que otros comunicadores y considera que el gobierno “trata de justificar y mostrar algo que no es, la realidad de más de 70 periodistas exilidiados en Centroamérica, en Europa, en Norteamérica y la cantidad de defensoras y defensores que han tenido que desplazarse en busca de preservar sus vidas y la cantidad de defensores y periodistas que están guardando prisión en Nicaragua desmienten en sí misma esta realidad, este informe falso que el Estado de Nicaragua pretende tontamente engañar a la comunidad internacional cuando todos ven la realidad”.

Uno de los informes presentados en este tercer ciclo del EPU Nicaragua 2019 fue realizado por la Coalición IFEX-ALC, AMARC-ALC y SIP, con el propósito de denunciar y visibilizar “la campaña de agresión sistemática y represión ejecutada hacia los periodistas y profesionales de los medios de comunicación independientes a manos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.

La información obtenida por la coalición aporta claros indicios de las graves violaciones a los derechos humanos que se están llevando a cabo en Nicaragua y el gran deterioro de situación de la libertad de prensa “bajo el contexto de una creciente pérdida de los espacios democráticos en la pluralidad de los medios de información, el secretismo, la falta de información pública y un uso excesivo de la fuerza contra los profesionales de los medios de comunicación y sus instalaciones por los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley”.

Dentro de las recomendaciones del informe de la coalición está “Cesar de inmediato toda acción de agresión física, intimidación y amenazas generada por grupos violentos, parapoliciales y paramilitares identificados con el gobierno, así como a través de otras fuerzas de gobierno que actúan para difamar, insultar o revelar información privada de los periodistas independientes y activistas opositores en las redes sociales o bloqueando por medios técnicos el acceso a los medios de comunicación”.

Pese al sesgado informe gubernamental, al menos 35 de las 94 misiones diplomáticas que dieron recomendaciones a Nicaragua plantearon la necesidad de que en el país se respeten los Derechos Humanos, en particular el derecho a la movilización, manifestación pacífica, libertad de expresión y libertad de prensa; se excarcele a los privados de libertad y permita el retorno de los mecanismos especiales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oacnudh.