La Coalición Nacional se dirigió al Secretario General de las Naciones Unidas, Señor António Guterres, mediante una misiva expresando la preocupación por la crisis sanitaria a causa del COVID-19 que se desarrolla en Nicaragua, piden con urgencia medidas “más activas” frente al manejo que él régimen de Daniel Ortega está dando a la pandemia del coronavirus.

La oposición recomienda que llegue al país un Enviado Especial del Secretario General que contribuya iniciativas, “ya en marcha por parte de la comunidad internacional”. Según la Coalición, dichas iniciáticas serían una solución efectiva a las crisis de derechos humanos y sanitaria que se prolongan en Nicaragua y que también amenazan a la población del resto de Centroamérica.

La Coalición, el grupo opositor conformado por organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos y empresarios, denunciaron que la desatención del regimen de Daniel Ortega respecto a las orientaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ante la pandemia ha agravado la crisis sanitaria mucho más allá de lo que el país hubiera tenido que sufrir.

Contrario a los gobiernos de la región centroamericana, Ortega no ha tomado medidas extremas que contribuyan a frenar los contagios de coronavirus, más bien continúan promoviendo actividades culturales, deportivas y religiosas, desatendiendo el llamado de la OPS de evitar la aglomeración de personas.

“La omisión criminal del régimen ha contribuido a la expansión del contagio hasta llevarlo a una situación de riesgo y muerte masiva que, tal como lo expresara el Papa Francisco, podría catalogarse como la promoción de un “genocidio virósico””, explica la carta.

La Coalición hace hincapié en su carta que la crisis sanitaria que vive Nicaragua ya representa una amenaza transfronteriza para todo Centroamérica, en términos de migración, comercio, manejo responsable de la pandemia y seguridad democrática, hasta constituir una amenaza para la paz de la región.

La oposición nicaragüense ha invocado un compromiso político global firmado por todos los países miembros de la ONU en 2005. Se trata del principio de la Responsabilidad de Proteger (R2P), que implica proteger a las poblaciones de crímenes atroces y violaciones de sus derechos humanos, basado en el respeto a las normas y principios del derecho internacional.

Por otro lado, la Coalición advierte que La emergencia sanitaria sumada a la crisis sociopolítica que vive el país de abril de 2018 acentúa la grave violación de los derechos humanos.