El Salvador se convirtió el 29 de marzo en el primer país de la región centroamericana en ser territorio libre de MINERIA. La prohibición se aprobó por unanimidad en la Asamblea Legislativa del hermano país.
A las cinco de la tarde del día 28 de marzo la comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa aprobó dictamen favorable para someter este miércoles 29 de marzo al pleno legislativo conformado por 84 diputados, «propuesta de prohibición de la minería metálica en El Salvador».
Desde más de una década el pueblo Salvadoreño liderado por activistas ambientales han exigido a los distintos gobiernos se prohíba la minería metálica.
Alejandro Labrador activista y periodista Salvadoreño dijo en su cuenta de twitter, «Marcelo Rivera vive! Se prohibió la minería metálica». Marcelo Rivera fue uno de los activistas que lucho en favor de la vida y los bienes comunes y fue asesinados el 29 de junio del 2009.
En entrevistas al programa «Ordeño de la Tierra» el activista A eljandro Labrador dijo que las principales razones por lo que se prohíbe la minería en el Salvador, se debe a los impactos nocivos que esta actividad genera al ambientales y para la salud de las personas, más en un país que cuenta con el 97 % de las aguas contaminadas.
Héctor Berrios activista ambiental y coordinador de MUFRAS 32 coincide con la opinión de Labrador, dijo: «que no hay nada más sagrado que garantizar esa poco agua para las nuevas generaciones del pueblo Salvadoreño».
«Agradecemos a Dios, a Monseñor Romero, a la vida, a las víctimas del conflicto minero a Marcelo Rievera, Ramiro y Dora, (murieron en la lucha antiminera) quienes abonaron en esta lucha con su sangre. De igual forma a las comunidades de San Isidro, Cabañas, sobre todo a las mujeres y hombres que nos han acompañado en esta resistencia y alianza política».
La Mesa frente a la Minería Metálica y movimientos sociales y ambientales se concentraron ayer desde las 10 am en la Asamblea Legislativa hasta que se apruebe la ley.
El Salvador que desde el 2009 suspendió los permisos de explotación a las empresas mineras y por esa acción fue demandado por la industria Pacific Rim Cay ahora propiedad de la transnacional minera OceanaGold, fue demandado por la suma de 250 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.
El 14 de octubre del 2016, el Estado Salvadoreño ganó el arbitraje. El tribunal, con sede en Washington, ordenó a la empresa minera compensar al Estado salvadoreño con US$8 millones por los costos legales del proceso, que duró 7 años, más los intereses.
Según el sitio web estrategias y negocios, de acuerdo a la FGR, la empresa minera «aún no ha pagado» esos ocho millones de dólares a la nación centroamericana con la «excusa que el CIADI no se había pronunciado sobre los intereses».
La Fiscalía salvadoreña agregó que OceanaGold «tiene la obligación de pagar de inmediato», pues de lo contrario la deuda «podría subir en un rango del dos al cinco por ciento mensual».
