Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el 44° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos el día de hoy 2 de Julio de 2020, menciona que, desde su última actualización oral de Nicaragua, “persisten violaciones de derechos humanos”, contra los opositores del gobierno e incluso a personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes, líderes sociales y ex detenidos políticos.

Expresa, “el derecho a la reunión pacífica continúa siendo sistemáticamente coartado con despliegues policiales, detenciones arbitrarias y ataques de elementos progubernamentales cuando críticos al Gobierno intentan reunirse pacíficamente. Que recibió 43 denuncias entre marzo y junio de este año sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, allanamientos domiciliarios sin orden judicial, arrestos y detenciones arbitrarias, amenazas, acoso e intimidación por parte de policías o elementos progubernamentales contra personas percibidas como opositoras.

Además, puntualiza “que no se conocen investigaciones o procesos penales para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en los últimos dos años, debido a la Ley de Amnistía.

En Nicaragua “persistente impunidad erosiona la confianza en las autoridades, y junto con la falta de reformas legales e institucionales, incrementa el riesgo de nuevas violaciones a los derechos humanos”

Es de total conocimiento para la Alta Comisionada de Naciones Unidas, las distintas violaciones a los derechos humanos existentes en Nicaragua, mencionó “los ataques con armas de fuego que dejaron cuatro indígenas muertos y dos heridos en el territorio Tuahka, Región Autónoma Costa Caribe Norte, en 26 y 27 de marzo. Los incidentes violentos de 19 y 20 de abril en Esquipulas, isla de Ometepe, dejaron al menos dos residentes y tres policías heridos. Varios residentes se habrían enfrentado a la policía por presuntas violaciones en el uso de la fuerza y el arresto arbitrario de tres personas, incluso tomando a un agente como rehén durante unas horas, mientras exigían la liberación de los arrestados”.

 También señalo “preocupante es el homicidio de un opositor en Jinotega en marzo, y la falta de información sobre avances en las investigaciones en 10 de los 14 homicidios en esa región, mencionados en mi actualización oral anterior.

Bachelet reitero la falta de justicia de disponibilidad que hubo tras la liberación bajo el beneficio de convivencia familiar de 4.515 reclusos porque no hubo igual atención a los 86 "presos políticos" registrados por la sociedad civil al 4 de mayo de 2020.  Expreso, Insto al gobierno de Nicaragua “de liberar a todas las personas detenidas en el contexto de las protestas durante los últimos dos años.”

 

Preocupa las restricciones del espacio cívico y democrático en tiempos de COVID-19

bachelet señala, “el estado de Nicaragua estigmatiza a las personas que critican la respuesta estatal o difunden información contradiciendo las fuentes oficiales”. Además, ha incrementado la violencia contra las mujeres, particularmente los feminicidios. Durante los cinco primeros meses de este año, organizaciones de la sociedad civil han registrado 32 feminicidios, mientras que en el mismo período del año pasado habrían registrado 27 casos.

 

La Alta Comisiona  de Naciones Unidad de los Derecho Humanos manifiesto la  poca transparencia y falta de claridad en la información pública sobre los casos de COVID-19, puntualiza  “aunque el Gobierno ha señalado que ha estado trabajando para fortalecer la salud pública, la salud comunitaria, visitando casa a casa para detectar casos, algunas medidas gubernamentales no se ajustan a las recomendaciones de la OMS, la OPS y la comunidad médica nicaragüense, especialmente respecto al distanciamiento físico. Hasta la fecha, hemos recibido denuncias de que al menos 16 médicos habrían sido despedidos sin respetar los procedimientos legales, por criticar la respuesta estatal ante la pandemia.”

En su comunicado, hizo especial referencia al caso de ASODHERMU, menciona “el 25 de junio, por medio de un decreto legislativo tramitado en forma expeditiva, la Asamblea Nacional canceló la personalidad jurídica de la Asociación de Hermanamiento Municipal (ASODHERMU), una organización sin fines de lucro que ha venido desarrollando actividades sociales en el municipio de Camoapa”.

 A la vez menciona que es desde el 2018, se viene dando este tipo de sanciones a organizaciones sociales de parte del Estado nicaragüense que a la actualidad se les “ha cancelado la personalidad jurídica de 10 organizaciones de la sociedad civil sin las garantías del debido proceso, afectando el derecho a la libertad de asociación en el país”.

 

Bachelet solicita dialogo y reformas electorales al Gobierno de Nicaragua

 

 La economía de Nicaragua ya enfrentaba serios desafíos debido a la crisis surgida en abril de 2018. La pandemia podría agravar esta situación, afectando los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo nicaragüense, en particular los más vulnerables, destaca Bachelet.

Sugirió al Gobierno a una mayor apertura al diálogo con la sociedad civil, y a la cooperación con las Naciones Unidas y el sistema interamericano. “Esto es fundamental para fortalecer la respuesta a la pandemia, implementar medidas consensuadas que contribuyan a superar la crisis sociopolítica y de derechos humanos, y preparar un proceso electoral justo y transparente. Reitero nuestra disposición para brindar cooperación técnica a todos los actores como le señalé en el día de ayer al ministro de las Relaciones Exteriores. Y finalizo solicitando al Consejo a que continúe monitoreando la situación en Nicaragua.

Enlace de Comunicado https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26027&LangID=S